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La Ley de Transparencia sigue sin reglamentos a tres meses de entrar en vigor
Access Info Europe y la Fundación Ciudadana Civio enviaron el 20 de agosto una carta al Gobierno de Rajoy
Redacción Redacción
@sueldospublicos
miércoles, 10 de septiembre de 2014, 14:52
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El Gobierno sigue sin haber publicado nada sobre los distintos reglamentos que permitirán su implementación. A continuación hacemos un repaso de lo que queda por hacer en estos tres meses.


Access Info Europe y la Fundación Ciudadana Civio enviaron el día 20 de agosto de 2014 una carta al Secretario de Estado de Relación con las Cortes, José Luis Ayllón Manso, para saber en qué estado se encuentra la implementación de la Ley de Transparencia.


Entre las tareas pendientes, el gobierno debe completar los siguientes procesos:

Presentar el Real Decreto por el que se apruebe el Estatuto orgánico del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Según la propia ley aprobada en diciembre de 2013, este reglamento debería haberse presentado en marzo de 2014.


Esta norma es especialmente importante ya que definirá entre otras cuestiones cuáles serán los requisitos que deberán cumplir los candidatos a la presidencia del Consejo de la Transparencia y los mecanismos para asegurar su independencia y el buen desarrollo de su mandato.


Presentar el reglamento que desarrolle los detalles de la propia ley. Este reglamento clave ya que definirá exactamente la forma a través de la cual podremos solicitar información a las instituciones públicas y quizás aclarará algunos preceptos imprecisos que contiene la ley como la exclusión que hace el artículo 18 de informes y comunicaciones internas.


Crear el Portal de la Transparencia. El Gobierno deberá tener listo en diciembre un portal en el que al menos deberá poder encontrarse información relativa a las instituciones estatales.


La Ley de Transparencia ha sido muy criticada por expertos a nivel nacional e internacional entre otras razones por no reconocer el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental, por limitar su alcance casi exclusivamente a información administrativa y por proponer un sistema de recursos muy poco ambicioso. Las normas que quedan por aprobar todavía podrían mejorar algunos de estos defectos, de ahí la importancia de que su aprobación se haga de forma transparente y participativa.

 
 
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