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España, caldo de cultivo para la corrupción
Informe de la Comisión Europea
José Luis Sahuquillo José Luis Sahuquillo
@jsahuquillo
martes, 4 de febrero de 2014, 10:38
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Corrupción
Faltan estadísticas generales sobre los delitos de corrupción en la mayoría de los Estados miembros.
La corrupción afecta, con distinto grado de intensidad, a todos los países de la Unión Europea (UE). Este fenómeno es nefasto no solo a nivel financiero sino también social, ya que la corrupción sirve con frecuencia para encubrir otras infracciones graves como el tráfico de drogas o de seres humanos. Por otra parte, amenaza con socavar la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas y en sus dirigentes políticos.

A escala internacional existen distintos instrumentos de lucha contra la corrupción pero su aplicación por parte de los Estados miembros de la UE es desigual.

Con el fin de reforzar la voluntad política de luchar contra este problema, la Comisión Europea anunció el 6 de junio de 2011 la creación de un informe anticorrupción e instó a los países de la UE a aplicar mejor los instrumentos existentes de lucha contra la corrupción.

Según esta Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo (EN) este informe se publicaría con una periodicidad de dos años siendo el primero en 2013. Este documento constituirá el mecanismo de vigilancia y de evaluación propio de la UE. El informe recoge las tendencias y las deficiencias a las que habrá que dar solución y estimulará el intercambio de mejores prácticas. Permitirá percibir mejor los esfuerzos realizados y los problemas planteados así como las causas de la corrupción.

Tendencia europea de la corrupción

Pues bien, llegado el momento, ayer se presentó en Bruselas en primer informe sobre la lucha contra la corrupción en la UE. Según este documento la corrupción cuesta a la economía de la UE la friolera de 120.000 millones de euros al año.

El Informe sobre la lucha contra la corrupción en la UE explica la situación en cada uno de los Estados miembros: qué medidas de lucha contra la corrupción se han tomado, cuáles funcionan bien, qué puede mejorarse y cómo.

El Informe muestra que la naturaleza y el nivel de corrupción, así como la eficacia de las medidas adoptadas para combatirla, varían de un Estado miembro a otro. También pone de manifiesto que la corrupción merece mayor atención en todos los Estados miembros.

Así lo indican los resultados de una encuesta Eurobarómetro publicada sobre la actitud de los europeos en relación con la corrupción. La encuesta muestra que tres cuartas partes de los europeos (76%) creen que la corrupción está muy extendida, y más de la mitad (56%) cree que el nivel de corrupción en su país ha aumentado durante los tres últimos años. Uno de cada doce europeos (8%) afirma que ha vivido o presenciado un caso de corrupción en el último año. [Los resultados del Eurobarómetro pueden consultarse aquí]

Estas son algunas de las principales tendencias de a la corrupción en la UE:

1. Mecanismos de control

  • Uso de medidas preventivas (por ejemplo, normas éticas, medidas de sensibilización, fácil acceso a la información de interés público). Existen grandes diferencias entre los Estados miembros en la prevención de la corrupción. En algunos, una prevención eficaz ha contribuido a una sólida reputación de ausencia de corrupción; otros han aplicado políticas de prevención de forma desigual y con resultados limitados.
  • Mecanismos de control externo e interno. En muchos Estados miembros, los controles internos de los procedimientos de los entes públicos (sobre todo a nivel local) son débiles y carecen de coordinación.
  • Conflictos de intereses. Las normas sobre los conflictos de intereses varían en la UE y los mecanismos de control de las declaraciones de conflicto de intereses son a menudo insuficientes. Raramente se sancionan, y con poco rigor, las vulneraciones de las normas.

2. Acción penal y castigo

  • El Derecho penal que tipifica la corrupción como delito está extensamente implantado y cumple las normas del Consejo de Europa, las Naciones Unidas y la legislación de la UE. No obstante, la Decisión marco 2003/568/JAI de la UE ha sido transpuesta por los Estados miembros al Derecho nacional de manera desigual.
  • La eficacia de la coerción y la acción penal en la investigación de la corrupción varía considerablemente entre los países de la UE. Pueden verse resultados sobresalientes en algunos Estados miembros. En otros, la acción penal es escasa o las investigaciones son muy largas.
  • Faltan estadísticas generales sobre los delitos de corrupción en la mayoría de los Estados miembros, lo que dificulta la comparación y evaluación. Las normas procesales, incluidas las normas sobre el levantamiento de la inmunidad de los políticos, obstruyen la investigación de los casos de corrupción en algunos Estados miembros.

3. Dimensión política

  • Responsabilidad política. La integridad en la política sigue siendo una asignatura para muchos Estados miembros. Escasean o son de corto alcance, por ejemplo, los códigos de conducta de los partidos políticos o asambleas elegidas a nivel central o local.
  • Financiación de los partidos políticos. Aunque muchos Estados miembros han adoptado medidas más rigurosas sobre la financiación de los partidos políticos, sigue habiendo considerables deficiencias. Raramente se imponen en la UE sanciones disuasorias de la financiación ilegal de los partidos.

4. Zonas de riesgo

  • En los Estados miembros los riesgos de corrupción son por lo general mayores a nivel regional y local, donde los controles y equilibrios y las auditorías suelen ser menos estrictos que a nivel central.
  • El desarrollo urbano, la construcción y la sanidad son sectores vulnerables a la corrupción en numerosos Estados miembros.
  • Existen algunas deficiencias en la supervisión de las empresas estatales, que acrecientan la vulnerabilidad a la corrupción.
  • La pequeña corrupción sigue siendo un problema extendido únicamente en algunos Estados miembros.

El Informe incluye un capítulo especial sobre la contratación pública. Se trata de un sector muy importante para la economía de la UE, en el que los organismos públicos gastan cada año aproximadamente la quinta parte del PIB de la UE en la adquisición de bienes, obras y servicios. Es también un sector propenso a la corrupción.

El documento reclama normas de integridad más rigurosas en el ámbito de la contratación pública y sugiere mejoras de los mecanismos de control en algunos Estados miembros. Puede encontrarse información detallada, así como aspectos específicos para considerar con mayor detenimiento, en los capítulos dedicados a los países.

España, a la cabeza como país más corrupto

Aunque en España ya existe en gran medida un marco jurídico de lucha contra la corrupción, y la legislación se ha aplicado con buenos resultados en materia de investigación de las prácticas corruptas, el informe publicado ayer muestra una serie de insuficiencias. Un reto especial lo constituye la corrupción política y los deficientes controles y equilibrios, especialmente en lo relativo al gasto público y a los mecanismos de control a escala autonómica y local. En su informe, la Comisión Europea sugiere desarrollar estrategias de lucha contra la corrupción adaptadas a las necesidades de las administraciones autonómica y local, proseguir con las reformas en curso y la aplicación de las nuevas normas en lo tocante a la financiación de los partidos políticos, e instaurar códigos generales de conducta para los cargos electos, con instrumentos adecuados de responsabilidad. La Comisión también propone seguir insistiendo en la lucha contra las irregularidades que se producen en los procedimientos de contratación pública a escala autonómica y local.

Junto con un análisis de la situación en cada Estado miembro de la UE, la Comisión Europea también presenta dos sondeos de opinión pormenorizados. Más del 75% de los ciudadanos europeos, y un 95% de los españoles coincide en que la corrupción está muy extendida en su país de origen. Aproximadamente uno de cada cuatro ciudadanos europeos considera que se ven afectados por la corrupción en su vida cotidiana; en España, este porcentaje alcanza el 63%, el más alto de la UE. El 4% de los ciudadanos europeos y el 2% de los españoles afirma que durante el año pasado se les pidió o se esperaba que pagasen un soborno.

Fuente de la fotografía.

 
 
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