Los Defensores del Pueblo de las nueve comunidades autónomas que lo tienen cuestan al año 32 millones de euros al año, con una dudosa eficacia. Así lo considera la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), que propone suprimir estas nueve instituciones autonómicas, cuyas funciones asumiría el Defensor del Pueblo estatal. 

Según sus cálculos, los organismos autonómicos tienen un problema de exceso de coste y bajo rendimiento. Así, el informe de la CORA estima en 835,78 euros el coste medio por queja en los defensores autonómicos frente a 414.19 euros en el estatal. Además, su personal también es menos eficaz: en los organismos autonómicos, 346 personas tramitan 38.407 quejas, mientras que en el estatal 165, -menos de la mitad que en los autonómicos-, tramitan 33.849 quejas, es decir, apenas un 10% menos-.

Por ello, la propuesta pasa por integrarlos en el defensor de la Administración General del Estado, que elevaría ligeramente su presupuesto. El cálculo de los expertos estima en 32,1 millones el coste anual de los defensores autonómicos, que se suman a los 14,02 millones del organismo estatal.

Un ahorro de 30,1 millones de euros

La propuesta de suprimir la figura autonómica e integrarla en la institución nacional obligaría a elevar su presupuesto en 2 millones de euros para asumir sus competencias. A cambio, las comunidades autónomas ahorrarían al año 30,1 millones de euros si siguieran el consejo.  

Actualmente, hay once comunidades con esta institución:

• Andalucía: Defensor del Pueblo;
• Aragón: Justicia de Aragón;
• Asturias: Procuradora General;
• Canarias: Diputado del Común;
• Castilla y León: Procurador Común;
• Cataluña: Sindic de Greuges;
• Galicia: Valedor do Pobo;
• La Rioja: Defensora del Pueblo (no está nombrado);
• Navarra: Defensor del Pueblo;
• País Vasco: Ararteko;
• Comunitat Valenciana: Sindic de Greuges.