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Las diputaciones pasan de la austeridad y aumentan su deuda a 7.211 millones
El Gobierno ha asegurado su supervivencia al darles capacidad para asumir competencias municipales
Inés Calderón de Anta Inés Calderón de Anta
@ines_calderon
jueves, 19 de septiembre de 2013, 10:31
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Diputación Barcelona
Vista parcial de la sede de la Diputación de Barcelona.
Quizá porque con las nuevas competencias que prevé darles el Gobierno saben que tienen su supervivencia asegurada, las diputaciones provinciales volvieron a elevar su deuda en el segundo trimestre del año.


Según los datos del Banco de España, estas instituciones acumulaban créditos por valor de 7.211 millones de euros a 30 de junio, un tres por ciento más que tres meses antes. Por el contrario, respecto del primer semestre del año anterior, el pasivo se había reducido un cinco por ciento.


Las 38 diputaciones de régimen común alcanzaron un endeudamiento de 3.799 millones de euros, mientras que las de régimen foral (las correspondientes a las tres provincias vascas) cerraron el semestre con 2.463 millones de deuda. Los cabildos y consejos insulares añaden otros 949 millones al conjunto de estas instituciones.


El 80 por ciento de su presupuesto, para personal y gasto corriente

En 2011, los tres tipos de organismos gestionaron un presupuesto de 21.418 millones de euros, aunque la mayoría se destinó al llamado gasto corriente (personal y recibos). En concreto, estas partidas sumaron 17.300 millones de euros en 2011, es decir, concentraron el 80 por ciento del gasto. El 20 por ciento restante se utilizó para pagar los intereses de la deuda y las inversiones previstas.


Durante la campaña electoral de 2011, las diputaciones estuvieron en entredicho, puesto que muchos consideraban que sus competencias podrían ser asumidas por las autoridades autonómicas, como ocurre en las comunidades uniprovinciales. Por el momento, el Gobierno no sólo no ha decidido reformarlas, sino que les ha dado un papel relevante en el ahorro de los ayuntamientos.


A partir del próximo año, los municipios que no sean capaces de prestar un servicio a un determinado coste (denominado coste estándar), tendrán que traspasar esa competencia a la provincia. En el caso de las comunidades uniprovinciales, serán los gobiernos regionales los que asuman la competencia.


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Fuente de la fotografía.

 
 
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