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'La política no es una profesión'
La presidenta de Aragón y sus consejeros seguirán cobrando dietas de asistencia
Agencias Agencias
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jueves, 21 de marzo de 2013, 10:51
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La mayoría parlamentaria PP-PAR ha rechazado, este jueves en el pleno de las Cortes de Aragón la toma en consideración de una proposición de ley de modificación de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón, presentada por el Grupo Socialista, cuyo presidente, Javier Lambán, ha propuesto suprimir el pago de dietas al titular de la Presidencia y los consejeros por la asistencia a Consejos de Administración y a actos parlamentarios. El PSOE ha contado con el voto favorable de CHA e IU.

La iniciativa pretendía modificar el apartado 2 del artículo 34 de la Ley del Presidente, reformada en 2009, de tal manera que, al contrario de como dispone la normativa vigente, los miembros del Gobierno no pudieran cobrar dietas ni indemnización alguna por los cargos y actividades que el apartado 1 señala como compatibles.

Estas actividades públicas son tener la condición de diputado a Cortes y senador, desempeñar los cargos para los que sean designados como miembros del Ejecutivo, representar a la Comunidad Autónoma en órganos colegiados y el consejos de dirección y administración de organismos públicos y sociedades mercantiles con capital público, representar al Gobierno en instituciones, organismos y empresas públicas del Estado, colaborar con fundaciones públicas y desarrollar misiones temporales de representación ante otros Estados o ante organizaciones o conferencias internacionales.

Además, la proposición de ley que la Cámara no ha tomado en consideración pretendía añadir un párrafo al artículo 36 para que los miembros del Ejecutivo formularan una declaración de sus actividades profesionales, mercantiles o laborales que hubieran desempeñado durante los dos años anteriores a su toma de posesión.

Javier Lambán ha propuesto introducir un nuevo artículo para impedir que los miembros del Consejo de Gobierno y los altos cargos presten sus servicios en empresas o sociedades privadas relacionadas directamente con las competencias del cargo desempeñado hasta dos años después de su cese.

El líder socialista ha rechazado que un gobernante "perciba una doble retribución con cargo al erario público" y ha considerado que participar en consejos de administración "o venir a las Cortes" son actividades que forman parte de la "función ordinaria" de un presidente o un consejero, por lo que ya son retribuidos. Ha tildado de "inapropiado" comparar la actividad pública con la privada.

Lambán ha enmarcado esta proposición de ley en la necesidad de "dignificar" la política, entendida como un "servicio a la sociedad de la que formamos parte" y ha emplazado a todos a "disipar" cualquier duda que haya en la sociedad sobre los intereses privados de los políticos. A colación ha mencionado un discurso del presidente de la II República Manuel Azaña, pronunciado en Bilbao en 1935, cuando afirmó que "la política no es una profesión, es una facultad, una emoción que se tiene o no se tiene, pero no se adquiere".

El también secretario general del PSOE-Aragón ha aseverado que "el mundo necesita hombres y mujeres imbuidos de esta facultad, políticos que crean en la política, personas que ejerzan la política como una fuerza capaz de someter a la economía al interés general y mejorar las condiciones de vida de la gente".

Ha calificado de "inútiles y prescindibles" aquellos que consideran que la política se reduce a la "simple gerencia de la Administración", personas que son "perfectamente respetables" pero que no entienden la política como una "vocación", sino como "un cursus honorum" retribuido como en la actividad privada. Ha defendido la política como vocación.

Los ciudadanos, ha agregado Javier Lambán, esperan que los políticos desempeñen su función "para mejorar las condiciones de vida individuales y colectivas" y que sus retribuciones sean "dignas, pero también explicables" y que los políticos sean "impermeables a la coacción o al imperativo de los intereses privados".

Postura de IU y de la Chunta

El portavoz del Grupo de IU, Adolfo Barrena, se ha mostrado "absolutamente convencido" de la "obligación" de aprobar esta iniciativa legislativa y ha expresado que este "es un momento que requiere este tipo de decisiones sin más dilación".

En Izquierda Unida "creemos que es oportuno dar respuesta a las inquietudes de la ciudadanía, a las obligaciones de transparencia e información". Ha recordado que el Grupo Parlamentario de La izquierda plural del Congreso de los Diputados ha defendido recientemente una iniciativa sobre la transparencia.

La portavoz del Grupo de CHA, Nieves Ibeas, ha asegurado que en este momento político, en alusión expresa al caso Bárcenas, "es más que nunca importante que cuando hablamos de austeridad nos la creamos de verdad". Ha alertado de la situación de "alarma social" por la corrupción.

Las informaciones sobre el caso Bárcenas "han abierto una brecha que es preciso cerrar cuanto antes y de la mejor manera posible", ha proseguido Ibeas, en cuya opinión "hasta que no veamos que existen aclaraciones judiciales y que quien la hace la ha pagado o la va a pagar es difícil que alguien vaya a confiar en nosotros".

Postura del PP y del PAR

En contra se han pronunciado PP y PAR. El portavoz del Grupo Popular, Antonio Torres, ha manifestado su "decepción" por la presentación de esta proposición de ley. Aunque el PP comparte "el fondo" de la iniciativa, ha considerado que esta iniciativa responde a un "momento coyuntural".

Torres ha recordado que se está tramitando la reforma del Reglamento de las Cortes y al respecto ha animado a "buscar el consenso en las reglas del juego más allá del debate político". También ha apuntado que se va a regular la transparencia.

Se ha posicionado en contra de las "iniciativas particulares" y ha exigido al PSOE que tenga "altura de miras" y que piense "en el interés general", tras lo que ha opinado que la iniciativa tiene "poco alcance".

El portavoz adjunto del PAR, Antonio Ruspira, se ha preguntado si un diputado que no tiene dedicación exclusiva tiene que cobrar por las actividades mencionadas y un consejero no, o si lo pueden hacer un alto cargo y un representante de la sociedad civil y un miembro del Ejecutivo no puede hacerlo.

Ha expuesto que "la pérdida absoluta de confianza de los ciudadanos es una realidad" y ha dicho que recuperar esta confianza es "una tarea de todos", para añadir que en Aragón se aprobará una Ley de Transparencia.

 

 
 
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